viernes, 2 de marzo de 2018

EL PERIODISTA, LA ESCRITORA Y EL CONSELLER

C. Matamoros en una imagen de El Periodic
Ricardo González Villaescusa
Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 2 de marzo de 2016
El pasado día 4 de febrero pontificaba certeramente el periodista Juan Lagardera en su clásica columna de Levante-EMV sobre la política de gestión cultural del país de los valencianos y su presunta perdida de peso específico en esta atribulada legislatura del Govern del Botànic, cuando precisamente una cadena de ceses de jefaturas de servicio (Arqueología, Museos, Archivos y Bibliotecas) de tercer escalón, pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Museos de la silente Carmen Amoraga, parecen venir a darle la razón en cuanto a que el Patrimonio Histórico alcanza visos de haber devenido una mera asignatura “maría” en el relato de una Conselleria de Educación, en la que al margen de su evidente capacidad de autoorganización administrativa, la Cultura en mayúscula y el legado patrimonial en particular, resultan a la postre y por lo general orgánicamente devaluados.

Por más que como sostienen J. Ruíz y R. Montaner en su reportaje “Marzà mueve la cúpula funcionarial…” (Levante-EMV, 7-02-2018), los cambios previstos en el departamento de Cultura han pasado por el cese de la jefa de servicio Consuelo Matamoros, ya abogado por nosotros en una metafórica coda culinaria del artículo “El parto de los montes del arqueología popular” (Levante-EMV, 15-11-2016), en el que previsoramente ya proponíamos “despedir al cocinero”, con lo que al parecer se ganaría una futura Subdirección General en la “cenicienta” y en consecuencia ahora aún poco eficiente área orgánica de patrimonio y museos valencianos.

Panorama en el que los sucesivos retrasos en la tardía salida de la orden (28/2017) de bases reguladores de las subvenciones económicas del servicio de Patrimonio Mueble de la también hoy cesada Carmen Sugrañes, han llegado a armar el golpe de guadaña prácticamente definitivo de muchos de los pequeños museos locales que jalonan y dan vida cultural a tantas comarcas valencianas. En este sentido, las administraciones públicas tienen y han tenido siempre unas partidas presupuestarias ínfimas para intentar saciar el hambre permanente de éstos menudos museos, con la excepción de algunos pocos centros museísticos privilegiados o fundaciones, que han engordado desde hace décadas al socaire del pesebre institucional de los subsidios de dinero público, ayudas destinadas a cofinanciar inversiones en equipamientos, trabajos de catalogación de fondos o la programación de actividades de difusión de esta red o malla, virtual y deshilachada, del resto de nuestros museos.

Porque, finalmente y a pesar de que los logógrafos del conseller de Educació Vicent Marzà reivindiquen negro sobre blanco “Un tracte just per al poble valencià, també en cultura” (Levante-EMV, 19/06/2017), no es menos cierto que tal como reveló previamente en marzo del año pasado al periodista Carlos Garsán la mencionada más arriba directora general del ramo, con asumida y confesa fecha de caducidad, Carmen Amoraga, literalmente “Cultura está en una macroconselleria y eso es parte del problema”. Dialéctica organizativa, que por otra parte, bien podría resolverse próximamente en un mero relevo del guisandero jefe a cargo de los fogones de la cultura valenciana, al modo de la sonada destitución del Secretario de Medio Ambiente Julià Álvaro.

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