jueves, 26 de julio de 2012

LA EXCAVACIÓN DEL MILLÓN DE DOLARES

Josep Vicent Lerma
Levante-EMV, 17 de julio de 2008

R. Barberá en las excavaciones de Ruaya
La huida hacia adelante que materializó en cuanto a financiación de la actividad arqueológica la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98), haciendo recaer la onerosa carga monetaria de las excavaciones urbanas en particular, y las sobrevenidas estos últimos años como derivada de los procesos de masiva urbanización del territorio en general, sobre las anchas espaldas de la ambigua figura legal del promotor, convertido en la gallina de los huevos de oro del sector, ciertamente con su propia anuencia como administrador interesado de un impuesto finalista de facto recayente en última instancia sobre las hipotecadas economías de los compradores particulares de bienes inmuebles, ya fueran estos apartamentos o plazas de garaje, concebidos a la sazón en muchos casos como auténticos activos financieros más que como meros bienes de uso, parece diez años más tarde comenzar a mostrar los primeros síntomas de agotamiento de este ingenioso sistema económico, ahora que la desaceleración del sector del ladrillo parece introducir arena en los hasta el momento bien lubricados engranajes del mismo. A modo de ejemplo paradigmático, baste recordar la reciente intervención arqueológica en las obras de construcción del aparcamiento subterráneo de la calle Ruaya, protagonista del último de los paroxismos mediáticos en torno a los más antiguos hallazgos ibéricos o púnicos anteriores a la fundación romana de la urbe (138 a.C) (Levante-EMV, 13-12-08). «Antes de Valentía» como enfatizaba certeramente la portada del número 29 de la revista del grupo Ismos del mismo notísimo nombre.

Excavaciones en las que por vez primera en esta década prodigiosa se ha consumado la sonada defección económica de la mercantil promovedora del mencionado parking, contratista a riesgo y ventura, en las que previamente ya había adelantado 500.000 euros, negándose a la postre a pechar, en una coyuntura de crisis inmobiliaria generalizada, con el millón de euros estimado como coste último de las mismas, lo que ha conllevado una ostensible paralización de más de tres meses hasta el momento, literal y crudamente por «un problema de dinero» (Levante-EMV, 14-05-08), ante la inviabilidad de repercutir el «impuesto arqueológico» en los precios de venta de las 431 plazas de aparcamiento previstas, otorgando sin complejos patente de corso al desahogado recurso a los caudales del erario público, con el objeto confeso de «evitar que las futuras plazas de aparcamiento se sobrevaloren y lo que antes le iba a costar 15.000 euros al ciudadano, suba a 30.000 euros después de que la empresa añada el sobrecoste de las excavaciones» (sic), obviando en apariencia, no sin cierto desparpajo, al igual que el ayuntamiento de Llíria que ha destinado 240.000 euros para las prospecciones de unas termas romanas del colegio Sant Vicent en la partida de Mura, las taxativas prescripciones legales del artículo 62.2 de la arriba citada LPCV «la Conselleria competente en materia de cultura? determinará la necesidad o no de una actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor».

Panorama económico-patrimonial estrafalario, muy distinto del modelo francés donde según el senador galo Jacques Legendre «las corporaciones locales se enfrentan a graves dificultades cuando deben realizarse importantes excavaciones arqueológicas y no es posible encontrar operadores estatales, como el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (Inrap), capaces de ejecutar esas excavaciones en un plazo máximo de seis meses» y que en nuestro caso, no deja de rechinar de un modo anormal ante las escuetas partidas presupuestarias del superviviente convenio para la realización de Excavaciones Arqueológicas en la Ciudad de Valencia, dotado apenas con 112.000 euros, los exiguos 12.000 euros del Ministerio de Cultura para la expedición valenciana en Pompeya de marras o las anuales ayudas ordinarias para actuaciones arqueológicas y paleontológicas concedidas por la conselleria del ramo, que reglamentariamente en ningún caso pueden superar los ralos 15.000 euros de subsidio por intervención, elevándose en su conjunto a la modesta cifra de 200.000 euros para toda la Comunidad Valenciana.

Por más que, a pesar de algún titular de la prensa local en 2001 del estilo «Los promotores exigen a Cultura que pague las excavaciones», en las tierras valencianas todavía no se han materializado esperpentos como el protagonizado hace cinco años por la gallega Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC) reclamando a la Xunta de Manuel Fraga, en cumplimiento de sendas sentencias judiciales, el pago del cien por ciento de los costes devengados por las excavaciones arqueológicas, por mor de una apoteósica diversidad normativa autonómica.

2 comentarios:

  1. La actualidad de la noticia nos ha permitido recuperar este artículo del sueño de los justos

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  2. Yo no conozco bien otros modelo de gestión de las excavaciones arqueológicas, el francés, el inglés o el italiano. El nuestro, el de la Comunidad Valenciana, sí me lo sé. He trabajado en él durante veinte años que en ocasiones fueron dulces y en otras muy, muy amargos. En cualquier caso, aquí vuelve a surgir el tema de siempre: entre tantas cifras económicas y visitas de poíticos, entre tantos intereses privados de empresas constructoras, ¿dónde queda el valor histórico y arqueológico de los restos hallados?, ¿qué difusión se les va a dar?. Las cosas que no se conocen no se aman. ¿Cómo van a amar los vecinos la Historia que se ha descubierto a sus pies, si lo único que ven desde sus ventanas es un socavón y ratas que huyen de un barco que se va a pique?.

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