Josep Vicent Lerma
Ricardo González Villaescusa
Levante-EMV, octubre 2003Ricardo González Villaescusa
La próxima reunión del Foro Social Europeo en París (Saint Denis, noviembre 2003), donde participará uno de nosotros, en torno a la práctica de la Arqueología Preventiva como operador cultural público, merece una reflexión compartida por parte de los profesionales de la denominada, entre nosotros, como arqueología de “urgencia” y sus organizaciones representativas, básicamente las Comisiones de Arqueología de los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados de Valencia-Castellón y Alicante, que agrupan actualmente alrededor de unos ciento cincuenta técnicos en activo.
En este sentido, conviene recordar la evolución específica de los arqueólogos autónomos, surgidos a la sombra del auge de las excavaciones urbanas de los años ochenta en las principales ciudades valencianas -ampliamente dadas a conocer por la prensa local-, hacia perfiles propios de las profesiones liberales clásicas, mimetizando pretendidamente la figura del arquitecto como modelo a seguir, por más que la normativa vigente en materia de Patrimonio Arqueológico fuera tozuda y no posibilitara simultanear diferentes direcciones de excavación y los permisos administrativos exigían en la práctica una presencia permanente del arqueólogo a pie de obra. El arqueólogo no podía, ni puede, ser, en consecuencia un profesional liberal.
Por el contrario, en la vieja Francia el personal implicado en la gestión de la Arqueología Preventiva intuyó pronto su verdadera condición de asalariados o trabajadores por cuenta ajena, exigiendo contrataciones laborales a las administraciones públicas competentes, asociándose en la AFAN (Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales) y finalmente agrupándose mayoritariamente en el Syndicat Général des Personnels de l´Archéologie (SGPA) de la importante confederación sindical francesa CGT.
Tuvimos la ocasión de cotejar este modelo en primera persona en el seminario de L´Ecole National de Patrimoine celebrada en Lyon (1996): Prácticas comparadas de la Arqueología en Europa, donde el modelo conformado por la praxis arqueológica de la ciudad de Valencia, entonces de financiación mixta pública – privada, previa a la aprobación de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98), aún era objeto de interés entre los servicios arqueológicos municipales franceses, holandeses o suizos, y donde ganó terreno el principio de “quien destruye, paga”, contenido en la Convención de Malta de 1992. Mientras que para Gran Bretaña el profesor Christopher Gerrard describía ya en 1993 un modelo de gestión ultra-liberal.
Estado de opinión que finalmente logró resolver Francia a finales del mandato presidencial del socialista de L. Jospin, mediante la adopción de un equitativo “canon” pagado por los constructores galos, dando una solución al enquistado problema de la financiación de las urgencias arqueológicas (105 millones de euros) y la creación del INRAP (Instituto Nacional de Investigaciones en Arqueología Preventiva). Propuesta progresista que ya fuera recogida por uno de nosotros durante la II Universidad de Verano sobre el Patrimonio del Forum Unesco (2002), sobre la base de los 8.414 millones de euros que según el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) genera la construcción costera española (Territorio y Medio Ambiente. Levante-EMV, 2-6-02).
Paradójicamente, y a pesar de una evolución diferente de las problemáticas arqueológicas analizadas, salvando todas las diferencias cualitativas y cuantitativas obvias, merece destacarse el fenómeno emergente de la “privatización” de la Arqueología, de facto en nuestro país con la aplicación de la LPCV desde 1998, para la que se postulan ahora modificaciones excepcionales y tendentes a una mayor liberalización del sector, y allí con la aplicación gubernamental del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por parte del gobierno ultramontano del primer ministro Raffarin. En virtud de dicho acuerdo, ningún campo de la cultura, incluida la Arqueología, escapa a las leyes universales del capital.
El final parece el mismo aunque las evoluciones hayan ido por caminos bien distintos. Los caminos del Señor parecen inescrutables...
En este sentido, conviene recordar la evolución específica de los arqueólogos autónomos, surgidos a la sombra del auge de las excavaciones urbanas de los años ochenta en las principales ciudades valencianas -ampliamente dadas a conocer por la prensa local-, hacia perfiles propios de las profesiones liberales clásicas, mimetizando pretendidamente la figura del arquitecto como modelo a seguir, por más que la normativa vigente en materia de Patrimonio Arqueológico fuera tozuda y no posibilitara simultanear diferentes direcciones de excavación y los permisos administrativos exigían en la práctica una presencia permanente del arqueólogo a pie de obra. El arqueólogo no podía, ni puede, ser, en consecuencia un profesional liberal.
Por el contrario, en la vieja Francia el personal implicado en la gestión de la Arqueología Preventiva intuyó pronto su verdadera condición de asalariados o trabajadores por cuenta ajena, exigiendo contrataciones laborales a las administraciones públicas competentes, asociándose en la AFAN (Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales) y finalmente agrupándose mayoritariamente en el Syndicat Général des Personnels de l´Archéologie (SGPA) de la importante confederación sindical francesa CGT.
Tuvimos la ocasión de cotejar este modelo en primera persona en el seminario de L´Ecole National de Patrimoine celebrada en Lyon (1996): Prácticas comparadas de la Arqueología en Europa, donde el modelo conformado por la praxis arqueológica de la ciudad de Valencia, entonces de financiación mixta pública – privada, previa a la aprobación de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) (Ley 4/98), aún era objeto de interés entre los servicios arqueológicos municipales franceses, holandeses o suizos, y donde ganó terreno el principio de “quien destruye, paga”, contenido en la Convención de Malta de 1992. Mientras que para Gran Bretaña el profesor Christopher Gerrard describía ya en 1993 un modelo de gestión ultra-liberal.
Estado de opinión que finalmente logró resolver Francia a finales del mandato presidencial del socialista de L. Jospin, mediante la adopción de un equitativo “canon” pagado por los constructores galos, dando una solución al enquistado problema de la financiación de las urgencias arqueológicas (105 millones de euros) y la creación del INRAP (Instituto Nacional de Investigaciones en Arqueología Preventiva). Propuesta progresista que ya fuera recogida por uno de nosotros durante la II Universidad de Verano sobre el Patrimonio del Forum Unesco (2002), sobre la base de los 8.414 millones de euros que según el ICEX (Instituto de Comercio Exterior) genera la construcción costera española (Territorio y Medio Ambiente. Levante-EMV, 2-6-02).
Paradójicamente, y a pesar de una evolución diferente de las problemáticas arqueológicas analizadas, salvando todas las diferencias cualitativas y cuantitativas obvias, merece destacarse el fenómeno emergente de la “privatización” de la Arqueología, de facto en nuestro país con la aplicación de la LPCV desde 1998, para la que se postulan ahora modificaciones excepcionales y tendentes a una mayor liberalización del sector, y allí con la aplicación gubernamental del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de los Servicios) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por parte del gobierno ultramontano del primer ministro Raffarin. En virtud de dicho acuerdo, ningún campo de la cultura, incluida la Arqueología, escapa a las leyes universales del capital.
El final parece el mismo aunque las evoluciones hayan ido por caminos bien distintos. Los caminos del Señor parecen inescrutables...
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